La educación no sólo ha servido para desarrollar el intelecto humano, también ha sido el mecanismo más importante para unir a los habitantes de una nación en los mismos proyectos y metas.

De esta manera, establecer qué debe enseñarse y cómo hacerlo no puede quedar en manos de cualquier persona o grupo social. Por ello, esa tarea la realiza el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, donde se elaboran y actualizan los planes de estudio correspondientes a cada nivel escolar, se administran los recursos humanos (maestros) y materiales (planteles, mobiliario) para que en todo el país los estudiantes tengan acceso a este derecho.

Sin tener en cuenta el partido político que gobierne, éste debe cumplir las leyes que al respecto señala la Constitución. Sin embargo, estos preceptos, por su importancia, se han enriquecido aún más respecto a las responsabilidades del Estado en materia educativa.

Para ello, en 1993, el presidente promulgó la Ley General de Educación donde, además de introducirse reformas importantes, se ampliaron y distribuyeron las responsabilidades de la educación en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

En el ámbito federal –en todo el país–, la SEP tiene a su cargo las decisiones relacionadas con los contenidos y programas educativos, de esta forma todos los estudiantes aprenden lo mismo sin privilegiar ningún estado.

No obstante, para fortalecer la identidad regional, las entidades federativas pueden proponer algunos contenidos relacionados con la historia y geografía local, para que los alumnos amplíen sus conocimientos y se identifiquen con su comunidad.

Otra atribución de la SEP es establecer el calendario escolar y las disposiciones generales para la actualización de los maestros, autorizar los libros de texto gratuitos y garantizar el carácter nacional de la educación.

Mediante estos principios, se busca que –independientemente del lugar–, los maestros y materiales educativos sean los mismos y no privilegien a ningún estado o región.

En el caso de los planteles particulares, éstos no pueden decidir de manera arbitraria los contenidos educativos, pues para obtener la incorporación oficial deben acatar los lineamientos marcados por la SEP y, en caso de violar este acuerdo, pueden ser sancionados incluso con negarles el reconocimiento como escuela incorporada.

Llevar educación a todo el territorio nacional requiere organización, recursos y un proyecto que fomente la unidad y permita trabajar en los mismos objetivos nacionales.